Abogados Expertos en Herencias y Divorcios en Madrid

Cuando una persona fallece sin testamento, se abre la sucesión intestada. En este caso, la ley determina quiénes son los herederos y en qué proporción heredan. El orden de prelación es: descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos y sobrinos. El proceso puede ser más largo y costoso que con testamento, ya que requiere la declaración de herederos ante notario o juez. Nuestro despacho le asesora para iniciar el procedimiento de declaración de herederos abintestato y gestionar todo el proceso sucesorio.

Si un heredero no ha aceptado formalmente la herencia, cualquier interesado puede solicitar judicialmente que se le requiera para que acepte o repudie en un plazo determinado. Transcurrido ese plazo sin pronunciarse, se entiende aceptada la herencia. Es importante actuar con rapidez, especialmente si hay bienes que requieren gestión o si otros herederos necesitan formalizar la partición. Le asesoramos en todo el procedimiento de interpelación judicial.

Sí, un testamento puede impugnarse por diversas causas: vicios en el consentimiento (engaño, coacción), incapacidad del testador, incumplimiento de formalidades legales o vulneración de la legítima de los herederos forzosos. El plazo para impugnar es de 15 años desde la muerte del causante, aunque en casos de vicios del consentimiento el plazo puede ser de 4 años. Analizamos su caso para determinar la viabilidad de la impugnación.

La legítima es la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente porque la ley la reserva a determinados herederos (legitimarios). En derecho común español, son legitimarios los hijos y descendientes (dos tercios de la herencia), y a falta de estos, los padres y ascendientes (la mitad de la herencia). El cónyuge viudo tiene derecho al usufructo de una parte de la herencia.

La duración depende del tipo de divorcio. Un divorcio de mutuo acuerdo puede resolverse en 1-3 meses desde la presentación de la demanda, siempre que ambas partes colaboren y no haya cambios en el convenio regulador. Un divorcio contencioso, donde no hay acuerdo, puede prolongarse entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la complejidad del caso, la carga de trabajo del juzgado y si hay recursos o apelaciones.

Derechos de los hijos: custodia (compartida o monoparental), régimen de visitas y comunicación con el progenitor no custodio, pensión de alimentos, derecho a mantener su nivel de vida, educación y sanidad.

Derechos del cónyuge: liquidación del régimen económico matrimonial (gananciales o separación de bienes), posible pensión compensatoria si existe desequilibrio económico, uso de la vivienda familiar según criterios legales, reparto equitativo de bienes comunes.

Divorcio de mutuo acuerdo: ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse y en las condiciones (custodia, pensiones, reparto de bienes). Se tramita mediante un convenio regulador y es más rápido y económico.

Divorcio contencioso: hay desacuerdo en aspectos fundamentales. Requiere un procedimiento judicial donde el juez decide sobre custodia, pensiones y reparto de bienes. Es más largo y costoso, pero necesario cuando no hay consenso.

La pensión de alimentos se determina según las necesidades de los hijos y las posibilidades económicas de los progenitores. Se consideran factores como: edad de los hijos, gastos ordinarios (alimentación, vestido, educación, ocio), gastos extraordinarios (médicos, escolares), ingresos de ambos progenitores y número de hijos. No existe una tabla fija, aunque algunos juzgados utilizan baremos orientativos. Cada caso se valora individualmente.

La custodia compartida implica que ambos progenitores se responsabilizan del cuidado de los hijos por períodos alternos. Se puede acordar de mutuo acuerdo o solicitarla judicialmente. Los jueces la conceden cuando favorece el interés del menor, existe buena relación entre progenitores, capacidad de ambos para atender las necesidades del hijo, proximidad geográfica de las viviendas y disposición para coordinarse. Cada caso se evalúa individualmente.

Sí, las medidas sobre custodia no son definitivas y pueden modificarse cuando cambian las circunstancias. Motivos habituales: cambio en la situación laboral o económica, traslado de domicilio, incumplimiento del régimen establecido, cambio en las necesidades del menor por su edad o circunstancias. Se requiere presentar una demanda de modificación de medidas ante el juzgado que dictó la sentencia original.

El incumplimiento reiterado del régimen de visitas establecido judicialmente puede constituir delito de quebrantamiento de resolución judicial. Se debe documentar cada incumplimiento y puede solicitarse al juzgado la ejecución forzosa de la sentencia o convenio. También es posible iniciar un procedimiento de modificación de medidas o, en casos graves, plantear la modificación de la custodia. Le asesoramos sobre las acciones legales más adecuadas a su caso.